SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género
El pleno de la Suprema Corte estableció que los casos de desaparición de mujeres defensoras deben juzgarse obligatoriamente bajo un enfoque de género e interseccionalidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes que todas las autoridades judiciales del país tienen la obligación de aplicar la perspectiva de género e interseccionalidad en los procesos penales relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. El pleno del máximo tribunal subrayó que este enfoque no constituye una opción facultativa para los juzgadores, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la verdad en contextos de alta vulnerabilidad.
La resolución destaca que, al analizar estos casos, los jueces deben considerar las barreras estructurales y los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres por su labor de defensa. La Corte enfatizó que la falta de un análisis interseccional suele invisibilizar la violencia de género, lo que perpetúa la impunidad y obstaculiza la protección efectiva de las víctimas y sus familias en el sistema de justicia penal mexicano.
El fallo establece que las fiscalías y tribunales deberán evitar estereotipos de género durante las investigaciones y diligencias judiciales. Según el criterio judicial, es necesario evaluar cómo la identidad, el entorno social y el ejercicio del activismo influyen en los riesgos que enfrentan las mujeres, permitiendo así una valoración integral de los hechos que han sido denunciados ante las autoridades competentes.
Esta determinación busca estandarizar los criterios en las fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República (FGR) para que las investigaciones de desaparición no sean tratadas de manera aislada. Con este precedente, la SCJN refuerza la necesidad de una justicia especializada que tome en cuenta las dinámicas de poder que atraviesan la vida pública y privada de las mujeres defensoras en México.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que este cambio es un paso necesario para corregir las deficiencias sistemáticas detectadas en los últimos años. La sentencia obliga a que los operadores jurídicos se capaciten continuamente para aplicar estos estándares internacionales, garantizando que el proceso penal sea una herramienta de reparación y no una fuente adicional de revictimización para quienes buscan a sus seres queridos.
