Semarnat descarta condiciones para realizar fracking en territorio mexicano

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, compareció este miércoles ante la Cámara de Diputados para aclarar la postura oficial del Gobierno de México respecto a la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking. Durante su intervención, la funcionaria fue enfática al señalar que actualmente no existen las condiciones técnicas, regulatorias ni ambientales para implementar esta práctica en el territorio nacional.

Bárcena explicó ante los integrantes del Poder Legislativo que la dependencia a su cargo no ha otorgado ninguna autorización para la realización de pruebas o proyectos que involucren el uso de esta técnica extractiva. La funcionaria subrayó que la política ambiental del Estado prioriza la protección de los recursos hídricos y la preservación de los ecosistemas sobre los métodos de extracción de hidrocarburos que implican riesgos significativos para el entorno natural.

La aclaración surge en medio del debate sobre la soberanía energética y la sostenibilidad de los proyectos impulsados por el sector público y privado. Según lo expuesto por la titular de la Semarnat, cualquier iniciativa relacionada con el aprovechamiento de recursos del subsuelo debe someterse estrictamente a los marcos de evaluación de impacto ambiental, los cuales, bajo los criterios actuales, no contemplan el aval para actividades de fracking.

Legisladores de diversas bancadas cuestionaron a la secretaria sobre la posible presión por aumentar la producción de PEMEX, a lo que la dependencia respondió reafirmando su compromiso con un modelo de desarrollo que evite daños irreversibles a los mantos acuíferos. Se enfatizó que el cumplimiento de la normativa vigente es innegociable, independientemente de las necesidades de producción de energía que el país enfrenta en el presente contexto global.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente reiteró que el Gobierno de México mantendrá una postura de vigilancia estricta para asegurar que ninguna entidad, pública o privada, opere bajo esquemas que contravengan la política de protección ambiental establecida. La comparecencia concluyó con el compromiso de mantener una comunicación transparente con el Congreso de la Unión sobre cualquier avance o modificación en los protocolos de supervisión de proyectos energéticos.